MÉRIDA.- Esta tarde los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, erigido como Tribunal Constitucional, votaron en contra de considerar que el Congreso del Estado ha sido omiso en cuanto a la prohibición de casar a personas del mismo sexo; es decir, avalaron que Yucatán siga sin permitirse el matrimonio gay.
Lo anterior fue dado a conocer por la Lic. Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la asociación civil “Unasse”, que junto a los organismos “Indignación” y “Oasis San Juan de Dios” solicitaron en mayo del año pasado al Poder Judicial del Estado, como Tribunal Constitucional, que considere que el Congreso estatal ha sido omiso en la defensa de los derechos humanos al exigir en la ley que el matrimonio solo puede darse entre un hombre y una mujer, y por lo mismo, pidieron que se revierta esta medida.
Explicó que la Constitución del Estado es contradictoria, porque por un lado dice que está prohibida la discriminación, y por otro lado, impide a los personas del mismo sexo contraer matrimonio; por ello, pidieron al Poder Judicial que obligue al Legislativo a modificar la carta magna de Yucatán, pero hoy no obtuvieron resultados.
Señaló que esta tarde el magistrado Santiago Altamirano presentó un proyecto a favor de considerar que el Poder Legislativo ha sido omiso en esta materia, pero solo contó con el voto a favor de él mismo, así como del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marco Celis y de la magistrada Ingrid Priego.
Los demás magistrados votaron en contra, alegando que existe autonomía entre los tres poderes del Estado, y para contribuir al “clima de tranquilidad entre los poderes”, optaron por dejar todo como está ahora.
De esta forma, nada cambia; los matrimonio gays solo se podrán conseguir a través de un amparo, como se viene realizando desde hace casi dos años, y que a la fecha suman más de diez.
Amelia Ojeda expuso que no desistirán y que continuarán con otras instancia nacionales e internacionales exigiendo el respeto a los derechos humanos, que en este caso se traduce en permitir el matrimonio para todas las personas, no solo entre un hombre y una mujer, como aprobaron los diputados locales del PAN y del PRI en el 2009, impidiendo a la comunidad gay hacer uso de este derecho.