GUERRERO.- El obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala, reconoció que los sacerdotes de Guerrero han sido víctimas de extorsión por parte del crimen organizado, y afirmó que incluso uno de ellos tuvo que ceder ante las amenazas.
“Sí supe de uno que tuvo que ceder, puesto que las amenazas eran muy fuertes. Me dijo que sí les tuvo que dar”, narró.
En entrevista con Adela Micha, para Grupo Imagen Multimedia, el obispo de Chilpancingo comentó que hay temor no sólo por los sacerdotes, sino por todos los habitantes de la Tierra Caliente.
“Hay mucho temor; está inconforme la gente porque la situación en Iguala (caso de los normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado) no se ha esclarecido y sigue en pie. Pero no sólo en Iguala, también en Chilpancingo, en todas partes se ha puesto difícil la situación.
“En Chilapa, que era una ciudad sumamente tranquila, han habido varias muertes violentas”, dijo Alejo Zavala.
El obispo destacó que por el momento no hay ninguna averiguación previa por alguno de los casos de extorsión a los sacerdotes, pero afirmó que mantienen una constante comunicación con las autoridades estatales, como son la Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno.
“Tenemos relación con la Secretaría de Gobierno en lo que se refiere a asuntos religiosos, y son los que he comentado, precisamente son ellos los que me han dicho que no les respondamos positivamente (a los delincuentes), que no les demos nada”, prosiguió Zavala.
El prelado detalló que los cuatro obispos de Guerrero se reunieron recientemente con el fiscal Miguel Ángel Godínez, con quien se trató el tema del asesinato de los padres John Ssenyondo, de Uganda, quien fue reportado como desaparecido por la diócesis de Chilpancingo- Chilapa en mayo de 2014, y sus restos fueron encontrados en una fosa en Iguala, y Gregorio López Gorostieta, de la diócesis de Ciudad Altamirano, quien fue encontrado muerto en la carretera Iguala- Ciudad Altamirano el mes de diciembre.
Refirió que los restos del padre John Ssenyondo aún no han sido repatriados.
“Sus restos están en Chilpancingo, los trámites se están haciendo a través de las embajadas para hacer la repatriación. Sí se lleva tiempo y esperamos unirnos un grupo de sacerdotes para ver qué podemos hacer”, agregó.
Comentó que ante la inseguridad que se vive en el estado, los sacerdotes se han puesto de acuerdo para colaborar en la reconciliación y la paz durante la homilía de los domingos.
“Nos hemos puesto de acuerdo para estar pendientes con las autoridades para colaborar con la paz, la continuidad, las relaciones humanas como objetivo; inclusive en la misa de los domingos”, concluyó el obispo de Chilpancingo.
A finales de diciembre pasado, los obispos de México también se unieron al hartazgo por el incremento de la violencia y alzaron su voz con un “¡Basta ya!”
A unas horas de enfrentarse a la noticia del asesinato del sacerdote Gregorio López Gorostieta, en Guerrero, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), además de exigir a las autoridades el esclarecimiento y justicia de esta muerte, también expresó que “no queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos”.
Los obispos de todo el país aseguraron, a través de un comunicado, que mantienen una oración para que la situación de violencia que aqueja a nuestro territorio cambie y “por la conversión de todos los mexicanos, especialmente de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte”.
En fosas clandestinas de Iguala, Guerrero, continúan apareciendo cuerpos. Entre el miércoles y el jueves, peritos de la Procuraduría General de la República exhumaron tres cadáveres, entre los que encontraron la licencia de conducir de Juan M. Ávila, expedida en Chicago, Illinois, y su tarjeta de Sam’s Club, también de Estados Unidos.
Los hallazgos de los cuerpos y las identificaciones fueron en el Cerro del Tigre, a unos tres kilómetros de las primeras fosas en las que se encontraron 28 cadáveres calcinados, como parte de la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre.
A partir del 25 del noviembre, después de la presión de varios familiares que exigían a las autoridades buscar entre las fosas del valle de Iguala a sus desaparecidos, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República comenzó la exhumación de cuerpos.