MÉXICO.- Anoche, el Pleno de la Cámara de Senadores elevó a rango constitucional la actividad turística, se creará una estrategia que facilite financiamiento, infraestructura y mejores condiciones de competitividad de la tercera fuente de ingresos de divisas y un importante generador de empleos, tan sólo el 60 por ciento de los creados en esta industria es ocupado por mujeres.
Angélica Araujo Lara, integrante de la Comisión de Turismo, informó que con 92 votos a favor, se aprobó el dictamen que reforma el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política, que, además, va de acuerdo a los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 orientados a incrementar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y a favor de la inclusión social.
El dictamen fortalece uno de los sectores económicos más dinámicos e importantes a nivel mundial, pues aporta el 11 por ciento de la producción internacional y genera uno de cada 11 empleos. En México produce 2.5 millones de empleos directos y 5 millones indirectos, participan más de 43 mil unidades económicas, de estas el 80 por ciento son pequeñas y medianas empresas
Con esta modificación el sector privado y social podrá participar en el impulso a esta actividad. Se fortalecerán las capacidades institucionales del sector turístico y su línea de acción, así como la agenda legislativa y regulatoria que lo ubique como palanca del desarrollo nacional.
En las consideraciones del dictamen devuelto a la Cámara de Diputados, los legisladores señalan que la reforma constitucional detona el desarrollo y crecimiento económico que requiere el país en beneficio de la población, ya que al aumentar la competitividad se logra atraer mayores inversiones, crear fuentes de empleo, generar una mayor captación de divisas y, por ende, coadyuvar a los objetivos de justicia social del desarrollo nacional.
Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que con la modificación constitucional se afirma la atención prioritaria al desarrollo turístico nacional sustentable en las actividades económicas, constituyéndolo en un elemento de especial atención para el poder público.
Esta ley será el punto de partida para el impulso y el mayor desarrollo turístico nacional principalmente en aquellas regiones y estados en los que tienen un gran potencial por su riqueza natural, histórica, arqueológica y cultural, pero que registra los índices más altos de carencias, vulnerabilidad y rezago social, como los estados de la región sur-sureste.