México.- La senadora Angélica Araujo Lara, recalcó la importancia de la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda del país y la urgencia de incorporar criterios de seguridad en características de vivienda ya que únicamente el 33 por ciento de casas se construyen por empresas formales.
Durante la sesión de hoy, expuso que a pesar de esfuerzos legislativos, la política habitacional aún no se refiere a la vivienda como un derecho, sino que construye su programación anual y sexenal, sin establecer las necesidades de vivienda del país desde una perspectiva de los derechos humanos.
La integrante de la comisión de vivienda, dijo que es prioritario que los organismos del sector se constituyan en reales operadores de una política habitacional descentralizada, coordinada y más abierta a la participación de los distintos actores de la sociedad civil, de esta forma se tendría un conjunto de acciones y de actores que concurran al apoyo del desarrollo ordenado de conjuntos habitacionales de bajo costo y de mayores beneficios a la clase trabajadora.
Precisa que para el logro de esta propuesta debe impulsarse la integración de la representación del sector laboral en los órganos colegiados de diseño y dirección de los organismos responsables del desarrollo de las políticas de vivienda en México.
En la sesión, también se propuso reformar el artículo 2 de la Ley de Vivienda, para modificar el concepto de vivienda digna y contemplar criterios de riesgo de desastres de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos; de igual forma, reformar la fracción I del artículo 6 para incorporar en la política nacional de vivienda, la promoción de oportunidades de acceso a la vivienda para la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad y riesgo.
Considera así mismo reformar la fracción V del artículo 8 del citado ordenamiento con la finalidad que en el Programa Nacional de Vivienda, los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, se destinen preferentemente a aquella en situación de pobreza y riesgo.
También se aprobó reformar el artículo 71 de la citada Ley, con el propósito de garantizar la seguridad estructural, la seguridad del terreno y zona donde se ubican las viviendas, conforme a las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo.