México.- Los municipios de México tienen grandes diferencias en cuanto a población, territorio, condiciones climáticas, cultura e historia pero, sin embargo, hoy por hoy tienen muchas similitudes que van desde tener que enfrentar reglas de operación excesivas y poco flexibles de programas federales y más aún, que las participaciones (recursos) no se entreguen con prontitud a los ayuntamientos.
Renán Barrera Concha presidente municipal de Mérida y también presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) que agrupa a los más de 2,480 municipios de todo el país, presentó ante legisladores federales un diagnóstico sobre la Ley de Coordinación Fiscal, del cual se desprende la necesidad de realizar nuevas reformas desde los congresos estatales.
En el marco del Foro “Experiencias Municipales con las Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal” que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Concejal meridano externó que a mes y medio que concluir el presente ejercicio, sólo el 62% de las participaciones federales han llegado a los municipios del país, lo que significa atraso en las acciones, programas y proyectos y, con esto, afectación para las poblaciones.
—Los municipios padecemos y tenemos las mismas necesidades, de ahí que exigimos mayor flexibilidad para la aplicación de recursos —expresó—. El gran reto que tenemos es avanzar en las reglas de operación y fórmulas de asignación presupuestal que tienen los estados con los municipios, y es que, a prácticamente 11 meses que se aprobó el presupuesto de la Federación, los municipios siguen sin aplicar la totalidad de los recursos aprobados.
El foro, que fue presidido por el diputado José Arturo Salinas Garza, titular de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, tiene como objetivo crear un espacio de diálogo sobre el impacto de las reformas realizadas a la Ley de Coordinación Fiscal de 2014, con la finalidad de comenzar un amplio análisis para proponer acciones legislativas que sirvan de apoyo a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
Acompañado de Leticia Quezada Contreras, jefa delegacional de Magdalena Contreras y presidenta de la Asociación de Alcaldes de México AC (Aalmac), Renán Barrera reiteró que la mayor exigencia de los ayuntamientos es que se respete el presupuesto de egresos de la Federación, el cual aprueban los legisladores luego de análisis y discusiones.
“Los municipios necesitan reglas de operación que sean claras y flexibles, porque de lo contrario, mucho recurso se seguirá quedando en las bolsas federales”, subrayó.
En posterior rueda de prensa con medios nacionales, el Presidente Municipal de Mérida celebró este tipo de encuentros con los legisladores, ya que son oportunidad para el intercambio de análisis. Además, remarcó “es una muy buena ocasión, ahora que estamos en el preámbulo de la aprobación del presupuesto, para que se busque mejorar estas mecánicas y aprendamos de los errores del pasado, a fin de acceder de manera oportuna a los recursos”.
Como parte del diagnóstico que ofreció, se refirió a la situación actual de los municipios: El 72% de los ingresos municipales provienen de recursos federales y estatales. La nómina consume hasta el 80% de los ingresos. La deuda de municipios es de 45 mil millones de pesos, de la cual, el 80% se encuentra concentrada en 10 municipios.
En cuanto a los pendientes en la agenda municipalista, el Concejal señaló que es preciso ampliar al 30% el Fondo General de Participaciones para Estados y Municipios, realizando el incremento en 1% anual. Además, crear un ramo en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, estableciendo fondos específicos para temas sociales y productivos que no están fondeados directamente.
Otros pendientes, se informó, es regular el cobro por derecho de uso de vía pública y el de empresas (telefonía, de cable, gaseras, etc) que utilizan el espacio público con fines comerciales. Además, aplicar una estrategia ordenada en materia de endeudamiento de los municipios, estableciendo criterios que impidan sobrepasar su capacidad financiera, y que garanticen la transparencia en el destino de los recursos hacia objetivos productivos.