MÉRIDA,  A partir de la puesta en marcha del uso de brazaletes electrónicos en acusados de algún hecho delictivo, hay dos casos en los que se ha hecho uso de este mecanismo y al último de ellos se le puso a un procesado por robo con violencia, de modo que el acusado está vigilado las 24 horas.

El brazalete electrónico es un aparato de geolocalización que permite, a través de un sistema digital, encontrar en tiempo real a la persona, de modo que se le mantiene monitoreada las 24 horas durante los 365 días del año.

Si la persona se lo quita, el aparato emite un sonido que el propio inculpado escuchará. En caso necesario, de inmediato se trasladan agentes ministeriales al lugar donde está ubicada la persona, aunque de antemano son dispositivos que difícilmente te puedes quitar o destruir.

Cabe señalar que este brazalete no viola la intimidad de la persona, ni su privacidad, pues se respeta la dignidad de la persona a la que se le impone. Esta medida es aplicada para personas que incurrieron en delitos no graves, de modo que se le impone este tipo de pena a casos en los que no se pone en riesgo a la víctima.

Con esta medida, la Fiscalía General del Estado (FGE) jugará un papel preponderante, ya que será la encargada de monitorear a las personas a quienes se aplique este sistema, para evitar que puedan huir.

La señal del brazalete es emitida a un sistema satelital, lo que permite que se registre el desplazamiento exacto del portador del dispositivo, el cual es monitoreado por personal de la Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP) a través de una página web las 24 horas del día.

El uso de esta tecnología mantendrá bajo vigilancia a los inculpados de un delito, ya que podrá conocerse su ubicación en tiempo real y detectar si ha violado este mecanismo o alguna de las restricciones a las que fue sujeto, tras emitirse automáticamente una señal que alerta a las autoridades sobre cualquier anomalía.

Entre los beneficios que otorga el uso de esta tecnología, figura el hecho de que el presunto responsable puede continuar su proceso jurídico en libertad sin afectar su entorno laboral y familiar en tanto concluye el proceso.

Con ello se garantiza al mismo tiempo que pueda extraerse de la acción de la justicia, causar daño a la víctima del delito o acercarse a la escena del crimen para alterar o destruir alguna evidencia.