MÉRIDA.- A dos semanas de iniciar con la protección emergente a favor de las mujeres que sufren violencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha atendido 18 casos y en seis de ellos los esposos o cuncubinos abandonaron la casa, para seguir el proceso de la denuncia y garantizar la seguridad de la mujer y de los hijos, informó la fiscal general, Celia María Rivas Rodríguez

La fiscal general dijo que a la fecha, las solicitudes a la Fiscalía General al respecto han procedido de municipios como Mérida, Kanasín, Umán y Maxcanú.

“Hace 13 días se instruyó al Ministerio Público para dictar las órdenes de protección emergente para las mujeres en violencia y la respuesta de personas en esa situación ha sido positiva, de modo que el curso que termina este día se suma a las medidas que garantizarán la integridad de quienes viven este problema”, afirmó.

Como se informó en días pasados, el Centro de Justica para las Mujeres  que agrupará en un mismo edificio a varias dependencias gubernamentales para atender de manera integral a víctimas de violencia, ya inició su edificación y tras una inversión de 6.6 millones de pesos, entrará en funcionamiento a partir de marzo venidero.

Al abundar sobre las órdenes de protección emergente giradas por la Fiscalía General, la funcionaria estatal dijo que, de acuerdo con el proceso de ley, una vez que una mujer pide la ayuda de la dependencia se interpone la denuncia, con lo que la Policía Ministerial Investigadora  inicia las diligencias del caso.

Cabe destacar que en las 18 órdenes de protección emergente emitidas por la dependencia, en todos los casos se han emitido órdenes de restricción, para que el esposo o concubino se acerque al domicilio, salvaguardando la integridad física de la afectada y de su familia.

En seis casos del total de órdenes los acusados han tenido que salir de su domicilio, como parte del proceso de denuncia iniciado ante la Fiscalía.

Como parte de los trabajos iniciados por la dependencia, tanto la mujer violentada como sus hijos, en caso de haberlos, son canalizados con especialistas de la dirección de Atención a Víctimas de la FGE, donde se les brinda apoyo psicológico respecto a la situación que derivó en una querella.

Las órdenes de protección emergente a favor de las mujeres en situación de violencia incluyen la desocupación del agresor del domicilio conyugal donde habite la víctima con independencia de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble y la prohibición al agresor a acercarse o ingresar al domicilio, centro de trabajo o lugar de estudios de la víctima y de los ascendientes o descendientes de la misma.

Otra de las medidas incluidas por la dependencia es la prohibición de la intimidación a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia.