CIUDAD DE MÉXICO, diciembre de 2013.- El Senado de la República exhortó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a diseñar y aplicar los instrumentos necesarios para generar una base de datos precisa, que incluya los criterios de seguridad de la tenencia de la vivienda, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Angélica Araujo Lara subrayó que el diagnóstico permitiría saber cuánta de la población en nuestro país no tiene el documento o certificación que permite sentir la seguridad de contar con un patrimonio.
Además, indicó que con el documento, propuesto para ser elaborado por el INEGI, se puede conocer cuál es la situación real de quienes poseen vivienda, “pero que a veces no la pueden pagar”.
Dijo que esos datos son indispensables para promover que las instancias del Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno ejerzan programas y acciones concretas para ayudar a las familias a conservar su patrimonio.
Con esto se busca llevar al cabo la planeación de políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho humano y constitucional, establecido en el artículo 4, que señala que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
El dictamen tiene como propósito obtener información estadística de las condiciones de la vivienda en México, considerando los criterios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento internacional que establece que la vivienda es adecuada cuando reúne como mínimo los criterios de seguridad antes mencionados como el de la tenencia y disponibilidad de los servicios.
Destacó que el país no cuenta con datos que permitan determinar la cantidad de viviendas que cumplen con esos criterios, para ser consideradas como viviendas adecuadas.
Debido a ello, resulta significativo dotar de esta información a las autoridades competentes, con el ánimo de llevar a cabo un diagnóstico de la situación habitacional de todo el territorio mexicano, para así auxiliar en la planeación de las políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, precisó.